Zaragoza deberá pagar 2,4 millones por el coste de la reestructuración del bus de 2013

Casi ocho años después desde que la Concejala de Movilidad del PSOE (Carmen Dueso) iniciara una reestructuración del servicio del transporte público urbano, el Ayuntamiento de Zaragoza se ve obligado (de nuevo) a pagar las costas judiciales tras la judicialización del conflicto. En total Zaragoza deberá pagar 2,4 millones de euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha desestimado el recurso de apelación que interpuso el anterior gobierno de ZEC para que fuera la contrata la que asumiera la cuantía. Los magistrados, que condenan en costas al Consistorio, cargan contra un pleito «insólito» que se emprendió «contra viento y marea» ya que hasta cuatro informes técnicos municipales indicaban que el desembolso debía correr a cuenta de las arcas municipales.

El conflicto se remonta al año 2013, cuando el Ayuntamiento de Zaragoza, tras la implantación del trazado completo de la línea del tranvía, aprobó una reducción del servicio del bus urbano del 14% (de 21 millones de kilómetros a 18) coincidiendo con la licitación de un nuevo contrato. El ajuste implicaba el despido de 212 trabajadores de una plantilla de 1.274, aunque finalmente la adjudicataria Tuzsa, posteriormente Auzsa, redujo la cifra a 153.

El resultado final es el mismo: los ciudadanos de Zaragoza son los que deben pagar

La empresa solicitó entonces al Consistorio que asumiera las indemnizaciones y el coste de asesoramiento que comportaron los despidos. Tras sendos informes favorables por parte del coordinador general de Hacienda y del interventor municipal, el entonces gobierno socialista de Belloch aprobó el pago a la contrata en junio de 2015; dos días antes de la investidura del nuevo alcalde, Pedro Santisteve (ZEC). Sin embargo esta decisión no sentó muy bien a la izquierda radical zaragozana, que estimaba que el pago de ese dinero iba en contra de los intereses del Ayuntamiento, por lo que judicializó el asunto cuyo resultado conocemos hoy: el Ayuntamiento obligado a pagar 2,4 millones de euros.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Zaragoza rechazó inicialmente la postura de ZEC en diciembre de 2016, un fallo que ahora hace firme el TSJA. Los magistrados recuerdan que fue el Ayuntamiento, «por su decisión soberana», el que «estableció el tranvía como elemento esencial y vertebrador del transporte urbano», lo que conllevaba un ajuste de la plantilla en el bus. En este sentido, la resolución apunta que «desde un punto de vista económico, la lógica dice que quien debe asumir el coste es quien ha tomado la decisión de la reestructuración».

En cualquier caso el magistrado pone también en evidencia la “falta de concreción” del pliego de condiciones y que la “licitación del servicio de transporte” no fue clara desde el principio, dando un tirón de orejas tanto al Gobierno del PSOE como a ZEC.

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